Con la crisis en Santa Fe, el malestar por los salarios se extiende a otras fuerzas de seguridad

La ministra Alejandra Monteoliva se bajó del viaje que iba a realizar esta semana a Múnich, donde entre el viernes 13 y el sábado 14 iba a participar de la principal Conferencia de Seguridad que se celebra actualmente y en la que participan, además de sus pares de distintas partes del mundo, líderes internacionales, sobre todo a nivel ministerial.

Hay quienes afirman que fue el presidente Javier Milei quien dio la orden de que la sucesora y delfín de la ahora senadora Patricia Bullrich se quedara en Buenos Aires para monitorear el creciente malestar por la crisis salarial en las fuerzas de seguridad, donde la mayoría de los efectivos que combaten el delito, el narcotráfico y el crimen organizado, y que cuidan las fronteras por tierra y mar, ganan salarios por debajo de la línea de pobreza.

En Presidencia y en el Ministerio de Seguridad evitaron hablar de la cancelación de un viaje -por Argentina asistirán el canciller Pablo Quirno y, en representación de los think tanks, el presidente del CARI, Francisco de Santibañes- que, para Monteoliva, pasó a segundo plano frente a las preocupaciones que imperan por un eventual estallido de la protesta en las fuerzas de seguridad, que no sería el primero de los últimos años. Si bien la cuestión salarial en las Fuerzas de Seguridad y en las Fuerzas Armadas es un tema que se viene arrastrando con el deterioro del país, empeoró en los últimos años y se resquebrajó aún más con la crisis de la obra social de las FFAA y las FFSS, IOSFA, que no puede atender ni las necesidades básicas de los efectivos y acaba de ser disuelta para ser dividida en dos.

Si bien el foco de la protesta hasta el martes se concentraba en Santa Fe, en los duros reclamos de los efectivos y sus familias al gobierno de Pullaro, supo este diario de muy altas fuentes que, a partir del ciber rastreo de las redes sociales de los policías, se observan demandas en todo el país y llamados a protestar en todos los cuarteles.

Hoy, los sueldos de la mayor parte de los casi 70.000 efectivos de las fuerzas de seguridad apenas llegan a los 900.000 pesos mensuales, por debajo de la línea de pobreza. Entre el agente y el máximo de comisario mayor, que gana $2,6 millones, y el comisario general, $2,8 millones -que son pocos los que lo perciben-, los salarios promedian entre $1,2 millón y $1,8 millón. En algunos casos los compensan con los llamados plus por determinadas actividades o traslados, pero esos adicionales siguen sin sumarse a la jubilación, a la que llaman, al igual que a su paga, “de miseria”.

“El gendarme que está todos los miércoles en las marchas en el Congreso no pasa del millón de pesos, al sol, resistiendo los insultos de los manifestantes. Es una pelea de pobres contra pobres”.

Días atrás, el malestar lo visibilizó el cabo Miguel Ángel Montiel, de la Policía Federal, quien se presentó uniformado y portando su arma en las puertas de la Casa Rosada y se esposó a la reja perimetral. Lo rodearon dos efectivos y entonces desplegó una proclama: “P.F.A. Corrupción. Superintendencia de Transporte”. Afirman que hubo otro uniformado que también se esposó y que hay suicidios de carácter social en las fuerzas.

Las Fuerzas Armadas también están en la misma situación, pero no se rebelan públicamente como lo hacen los efectivos de Seguridad, que incluso llegaron a ganar más que los de las FFAA.

Números alcanzados por fuentes calificadas indican que, oficialmente, entre enero y julio de 2025 hubo en la Argentina 2.273 bajas voluntarias entre fuerzas armadas y de seguridad. Las cifras surgieron del informe número 144 que el ex jefe de Gabinete, Guillermo Francos, presentó ante el Congreso de la Nación. Para el caso de la Gendarmería, se le fueron 386 efectivos de manera voluntaria; a la Prefectura, 322; a la Policía Federal, 412; a la PSA, 177; y al Servicio Penitenciario Federal, 292. A futuro, la situación puede ser un verdadero problema institucional porque los jóvenes no sienten ningún motivo por entrar a una fuerza con salarios semejantes y en medio de la contradicción de un discurso que arenga por la doctrina de Seguridad, al igual que en las Fuerzas armadas.

En febrero de 2024, Pablo Sebastián Giles, referente del movimiento Fuerzas Argentinas Unidas, presentó una demanda que ingresó por carta al Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, en la que advertía sobre los conflictos sociales que podían desatarse en distintos puntos del país como consecuencia de la precarización laboral que afecta a miles de familias vinculadas a las fuerzas de seguridad.

Según reconstrucciones posteriores cercanas a Giles —no confirmadas por Clarín—, el ministerio de Pettovello derivó la presentación al entonces Ministerio de Seguridad de la Nación, que en ese momento estaba bajo la conducción de Bullrich. La misiva no obtuvo respuesta directa de la titular de la cartera, aunque sí motivó una reunión con la directora nacional de Políticas de Fortalecimiento Institucional de las Fuerzas Federales, Lorena Petrovich, con quien mantuvo un encuentro. Desde entonces y hasta la fecha no hubo nuevas comunicaciones oficiales ni avances concretos sobre los reclamos expuestos.

Tres meses después, en mayo de 2024, la provincia de Misiones fue escenario de uno de los conflictos sociales más graves del último tiempo, encabezado por efectivos y familiares de la Policía y del Servicio Penitenciario provincial. La protesta se expandió rápidamente y sumó a otros sectores clave del Estado, como Salud y Educación.

Desde entonces, reclamos de características similares —aunque de menor intensidad— se repitieron en distintas provincias del país. Las manifestaciones tuvieron como denominador común la profunda crisis que atraviesan las instituciones de seguridad, una situación que también alcanza a las cinco Fuerzas Federales que dependen del Gobierno nacional.

Monteoliva todavía carga sobre sus espaldas la protesta de policías en Córdoba, donde era ministra de Seguridad. Se acuartelaron por reclamos salariales, hubo saqueos y finalmente el fallecido exgobernador José Manuel de la Sota la destituyó del cargo.